Maximiliano Villalba perdió la billetera con su DNI en el recital que dio el Indio Solari en la ciudad de Olavarría en el año 2017, omitió hacer la denuncia por extravío en la comisaría y desde hace seis años lo acusan de un robo que asegura no haber cometido.
La justicia, soslayando los testimonios que lo sacan de la escena, las inconsistencias cronológicas y la falta de antecedentes, lo sentenció a cuatro años de prisión con cumplimiento efectivo. Sentencia que fue apelada y actualmente se está revisando en la Corte Suprema de la Nación.
Todo comenzó cuando el joven fue con un grupo de amigos a ver el multitudinario recital del ex líder de Los Redondos en Olavarría, la noche del once de marzo de 2017, donde asistieron casi 200.000 personas. Para muchos fue la última “misa”; para Maxi la primera página de un capítulo tenebroso que parece no tener fin. En algún momento que obviamente no puede precisar, durante o después del concierto, Maxi perdió su billetera, en donde guardaba algo de plata y su documento de identidad.
Cuando regresó a la ciudad no tuvo tiempo de hacer la denuncia de extravío del DNI y, en lugar de acercarse a una comisaría, el día miércoles 15 de marzo decidió directamente sacar turno para tramitar uno nuevo. Los días posteriores transcurrieron con normalidad hasta que el 22 de marzo del año 2017 Maxi iba a recibir una llamada que le cambiaría la vida; su prima, agitada al otro lado del teléfono le decía, entre gritos y sollozos, que estaban allanando la casa de la madre en Merlo, y que la policía lo estaba buscando por un robo en la localidad lindera de Moreno.
Cuando recibió el nuevo documento Villalba, que siempre tuvo un trabajo comprobable, no registra antecedentes penales y nunca estuvo detenido, se presentó espontáneamente, acompañado por su novia Vanesa, en la UFI número 3 de Moreno. Sin abogado, porque pensaba que todo era una confusión y que el mal entendido pronto se iba a aclarar. Pero las cosas fueron tomando un color cada vez más oscuro. La policía no quiso escuchar su relato y le notificó que estaba imputado en una causa acusado de cometer un “robo en poblado y en banda”.
De esta forma, hace más de seis años, empezaba el calvario para Maxi y su familia, recién en ese momento tomó conciencia de que lo estaban acusando de un delito grave y que podía terminar preso. Su preocupación aumentaba a medida que iba conociendo los detalles de la causa que lo tenía como único acusado. Aparentemente, el día martes 14 de marzo de 2017 un grupo de hombres le había robado a una mujer en el partido de Moreno, y en la escena del robo la víctima, en un confuso episodio que nunca terminó de quedar claro, encontró su billetera, con el documento, tirada en el piso y fue a denunciarlo a la comisaría.
Según la denunciante, la persona que la atacó era la misma de la foto pero, entre tantas irregularidades que caracterizan esta causa, nunca hubo una rueda de reconocimiento (prueba fundamental cuando el acusado no es atrapado in fraganti), y una foto cuatro por cuatro desactualizada de un DNI parece insuficiente para hacer un reconocimiento certero como la gravedad de la situación lo ameritaba.
La mujer que sufrió el robo en su declaración tuvo algunas contradicciones, pero es lógico que con la adrenalina de una situación violenta haya ciertas imprecisiones, por eso ellos en ningún momento la responsabilizan y entienden que es “otra víctima”, que fue inducida para señalarlo a él sin dejar lugar a dudas.
El problema estuvo en una investigación policial y judicial sesgada desde el principio que solamente se enfocó en confirmar la única hipótesis que formularon.
La defensa de Maximiliano al principio fue bastante precaria y en el último tramo tuvo que cambiar de abogado. Durante el proceso se presentaron pruebas que no fueron debidamente valoradas; testigos que en ese momento trabajaban con él y que lo ubicaron en su lugar de trabajo, en Ramos Mejía, el mediodía que tuvo lugar el robo (cabe destacar que aunque las declaraciones de los testigos no fueron tomadas en cuenta, ninguno fue procesado por falso testimonio), tampoco le dieron entidad a las capturas de pantalla que confirmaban que Maxi estaba intentando encontrar su billetera, días antes de que ocurra el robo, en el grupo que había compartido el viaje con él en la combi.
Además de pruebas que no se tuvieron en cuenta, también hubo otras que hubieran sido determinantes y que no se solicitaron. Maxi entregó voluntariamente su celular para que lo analicen, pero nunca trazaron la geolocalización del teléfono, pericia clave que hubiera ayudado a desentramar la causa y establecer fehacientemente la ubicación del titular de la línea en el momento del asalto. Tampoco se relevaron las cámaras de la zona ni fueron al lugar de trabajo de Villalba a corroborar (a través del sistema de registro de ingresos del personal) sus declaraciones y las de sus compañeros.
Durante el proceso judicial le ofrecieron dos “juicios abreviados”, eso implicaba asumir la autoría del robo para recibir una pena excarcelable (es decir, no era pena de cumplimiento efectivo en la cárcel), pero Maximiliano siempre se negó, confiando en su inocencia quiso ir hasta las últimas consecuencias para conseguir la absolución.
Después de rechazar, en dos oportunidades, el ofrecimiento casi extorsivo de la justicia de hacerse cargo del hecho a cambio de no ir a un penal, el juicio finalmente llegó el 10 de febrero de 2021.
Si la investigación estuvo plagada de irregularidades el juicio no iba a ser la excepción; a Villalba en ningún momento le permitieron declarar (derecho básico de cualquier imputado) y lo mantuvieron todo el tiempo en una sala apartada mientras transcurría el juicio. Tuvo que ver por televisión, como si fuera una película de terror, el momento en que el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Mercedes lo condenaba a 4 años de prisión efectiva.
La aplicación de una condena penal injusta es el último paso de una serie de injusticias. La sentencia fue apelada y el recurso fue rechazado por el Tribunal de Casación provincial y por la Suprema Corte Bonaerense. Ahora esperan, con su nuevo abogado Andrés Bonicalzi, que la Corte Suprema de la Nación examine el caso, pero en cualquier momento pueden confirmar la sentencia y hacer efectiva la detención.
Maximiliano Villalba en América TV con Guillermo Andino
Los casos aislados se multiplican
Lamentablemente Maximiliano Villalba no es la única víctima de una justicia que muchas veces repara pero que también hace daño, proliferan los casos de personas inocentes que se ven involucradas en delitos que no cometieron.
Jorge Enrique Gonzáles Nievas fue detenido en julio de 2006, acusado de haber cometido un asesinato durante un robo. Un testigo lo había identificado en la comisaría durante un reconocimiento fotográfico, pero después, en una ronda en persona, no lo reconoció. Fue condenado a 25 años de cárcel. Su sentencia está pendiente de revisión por parte de la CSJN. Innocence Project Argentina y el CELS advirtieron sobre las contradicciones e irregularidades en la investigación.
Clemente Vera fue acusado de haber participado, en julio de 2011, del abuso sexual y homicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, dos estudiantes francesas que viajaron como turistas a Salta. En agosto de 2017, Innocence Project Argentina, junto con el abogado Humberto Vargas, presentaron un recurso de queja ante la CSJN contra su condena a prisión perpetua - esta revisión está pendiente-, asegurando que no hay pruebas en su contra. El padre de una de las víctimas (Cassandre Bouvier) los acompaña en el reclamo.
Cristina Vázquez fue acusada de matar a una vecina, junto con una conocida y su novio, en Misiones, en julio del año 2001, cuando tenía 19 años. Los tres fueron condenados a prisión perpetua. Desde la Asociación Pensamiento Penal señalan que no se siguieron líneas de investigación claves y que diez pruebas científicas confirman que Cristina no tuvo relación con el hecho. Además, hay testigos que acreditan que la mujer se encontraba en Garupá (a más de 20km de Posadas) al momento del crimen. El Superior Tribunal de Justicia de Misiones concedió el recurso extraordinario para que su caso pase a la CSJN.
Aunque no hay cifras oficiales de cuántas personas están o estuvieron privadas de su libertad por delitos que no cometieron, los organismos estatales y las organizaciones de derechos humanos, que trabajan para liberarlas, reciben decenas de casos por año. Estas historias son apenas la punta del iceberg; serían muchos más los casos que, por falta de cobertura mediática o de recursos de los imputados, no llegan a ver la luz.
Según Manuel Garrido, director de Innocence Project Argentina, “hay una serie de malas prácticas enquistadas en el funcionamiento de la policía y el Poder Judicial; patrones sistémicos que son el caldo de cultivo para que un inocente termine tras las rejas. Además, en nuestro país el sistema está diseñado de forma tal que llevar adelante la revisión de una condena resulta sumamente engorroso”.
Cada historia tiene su particularidad pero los perfiles de los imputados parecen seguir un estereotipo. La maquinaria judicial no comete errores a la hora de equivocarse, nunca van presos injustamente los potentados. Maximiliano Villalba viene de una familia humilde de laburantes, se crio con sus seis hermanos en el partido de Merlo, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Su mamá Rosa es costurera y su papá albañil. Actualmente convive con su novia Vanesa en el barrio porteño de Almagro pero casi todos los domingos va a almorzar con su familia.
Maximiliano está en libertad pero su vida está detenida. Aunque afronta el proceso con una entereza encomiable (sigue trabajando y tratando de llevar una vida normal), el estrés al que está siendo sometido es insalubre. Los días y las noches se entremezclan en un bucle interminable. Para Maxi la pesadilla empieza cuando suena el despertador.
En la actual instancia de revisión solo queda confiar en el excepcional criterio jurídico de los magistrados de la Corte Suprema de la Nación para examinar el caso y resolver la apelación. Mientras tanto, Maximiliano Villalba sigue proclamando su inocencia.
