Siguen las denuncias por excesos en el régimen de excepción instaurado hace un año por el gobierno del Presidente Nayib Bukele
El joven colombiano José Antonio Potes era un férreo admirador del Presidente del país centroamericano y decidió ir a probar suerte a su capital, pensando que su seguridad estaba garantizada ya que, cabe destacar, con las políticas de mano dura implementadas los delitos vienen bajando ostensiblemente todos los meses
Pero así como bajan los delitos, cada vez hay más familias que denuncian detenciones arbitrarias sin justificación y un sistemático avasallamiento de los derechos humanos. José Antonio, además de su ticket de avión, llegó con un boleto para terminar en la cárcel, un tatuaje en el pecho que se había hecho años atrás en su ciudad natal (Valle del Cauca), José Antonio lleva en su piel el nombre y la fecha de nacimiento de su abuela y, como aduce su familia, nada tiene que ver con las maras.
Su pareja, que lo acompañaba en el viaje, aclara que él no registra antecedentes penales y que su único delito es haber mostrado un tatuaje, motivo suficiente para ir preso en El Salvador, algo que viene siendo denunciado por distintas organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional señala que los principales patrones por los que se detienen a personas incluyen supuestas denuncias anónimas y la tenencia de tatuajes.
El régimen de excepción decretado en marzo de 2022 suspende varios derechos fundamentales (que, según el derecho internacional, no deben ser derogados en ninguna circunstancia), incluidos el derecho a defensa jurídica y el derecho a ser informado de los motivos de la detención.
Este es el caso de la familia Potes Cáez. Su madre Eliana asegura que su hijo llegó al país con la ilusión de buscar un futuro mejor y que ahora las autoridades no le brindan información sobre las condiciones de su reclusión, al día de hoy desconoce su paradero. "Solamente sabemos que está en una de las mega cárceles construidas, pero no sabemos dónde y tampoco sabemos en qué estado de salud está".
Abusos por parte de las autoridades que se vuelven a repetir. En abril de 2022, Jonathan Francisco Henríquez Serrano, un atleta salvadoreño, fue detenido y acusado de integrar una pandilla, también por exhibir dos tatuajes, uno con el nombre de su madre y otro de una pesa en alusión al deporte que practica.
La mitad de la población salvadoreña cree que el régimen de excepción “no resolverá el problema de raíz”, aunque el 75% de los ciudadanos aprueba la medida, según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) divulgado en octubre de 2022.
El subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, declaró a principio de año que el país más pequeño de América central “no respeta los derechos humanos básicos”. “La embestida autoritaria de El Salvador sólo sería superada por un país con un golpe de estado militar”, escribió Pappier, quien compartió un hilo de publicaciones del medio local El Faro referidas al Informe de Democracia 2023.
El documento, sostiene que bajo el Gobierno de Nayib Bukele se “intensificó la represión contra los periodistas disidentes y se cercenó la libertad de prensa”, para concluir afirma que junto a Túnez “ya no son democracias”. En el informe también se incluye al país en el grupo de las “autocracias electorales”.