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Por PERONI, NICOLE

Estudiante de De cara a los sufragios de Octubre

La Casa Rosada ha puesto en manos del Congreso la responsabilidad de dictaminar sobre el DNU de desregulación económica firmado por el presidente Javier Milei en los primeros días de su mandato. Sin embargo, la integración de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de analizar el decreto, enfrenta obstáculos que podrían poner en riesgo el cumplimiento del plazo establecido hasta el 19 de enero.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, aún no ha resuelto la designación de los ocho legisladores que representarán a la Cámara baja en la comisión. Este retraso se atribuye a la disputa sobre la cantidad de lugares que el bloque de Unión por la Patria (UP) tendrá en la comisión, con Menem buscando designar solo a tres kirchneristas en lugar de cuatro, como reclama Germán Martínez, líder de UP.

Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel, encargada de la lista del Senado, ya ha comunicado los ocho senadores que integrarán la comisión bicameral. La lista incluye una mayoría de cinco legisladores no kirchneristas, encabezados por Juan Carlos Pagotto, con la intención del oficialismo de que este sea el presidente de la comisión.

La demora en la designación de la comisión por parte de la Cámara de Diputados genera incertidumbre sobre la representación que tendrá el kirchnerismo en este crucial proceso. Hasta el momento, se especula que el bloque kirchnerista contará con tres representantes, lo que podría marcar un precedente en la dinámica política del Congreso.

En medio de estas tensiones políticas, los nombres que suenan para representar a la Cámara de Diputados en la comisión son Oscar Zago (LLA), Hernán Lombardi (Pro), Francisco Monti (UCR), Máximo Kirchner (UP) y Ramiro Gutiérrez (UP). Sin embargo, la incertidumbre persiste, y sigue hasta el 19 de enero, fecha límite para emitir un dictamen sobre el DNU presidencial. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo aún no está constituida, y la burocracia parlamentaria podría convertirse en un obstáculo adicional en este proceso clave para la toma de decisiones legislativas.

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