Hace 5 años atrás cuando se debatió la legalización del aborto durante el gobierno de Mauricio Macri, fue reclamado también la separación del Estado de la Iglesia, ya que conllevaba un gran gasto. En ese momento, la Iglesia anunció el inicio de un proceso para renunciar al aporte económico brindado, realizando un plan de autosostenimiento en base a la contribución de los fieles.
El artículo 2 de la Constitución establecía que el gobierno federal debe sostener al culto católico. Además en 1979 nació la ley 21.950, en donde establece que los arzobispos y obispos debían cobrar una asginación mensual equivalente a un porcentaje de la percibida por el juez nacional de primera instancia.
La Conferencia Episcopal Argentina publicó un comunicado el 28 de diciembre en donde anunciaron que en el último día del 2023 terminó el proceso que se había iniciado en 2018 para la renuncia de la asignación mensual establecida en la ley 21950.
La CEA, conducida por el obispo Oscar Vicente Ojea, sostiene que además que el aporte que realizaba el estado era destinado principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera, y seminarias diocesanos, cubría solamente el 10% del presupuesto total de la Iglesia, pero que era de gran ayuda para las diócesis más pobres.
Según el comunicado de la Conferencia Episcopal los obispos confirmaron "aceptar el reemplazo gradual de los aportes del estado, por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles".