El reclamo había sido presentado en noviembre de 2021 por su abogado Marcelo Olmos, quien calificó de “infundada e injusta” la captura del joven oriundo de Zárate, que permaneció detenido durante cuatro días. Su aprehensión se ordenó luego de que los rugbiers, involucrados en el hecho, lo ubicaran en la escena del crimen la noche que Fernando Báez Sosa fue asesinado.
Por la privación de la libertad y la consecuente exposición pública que sufrió su Olmos -que ni siquiera estaba en la ciudad balnearia cuando se cometió el asesinato- el letrado le exigió un total de 10 millones de pesos al Estado a modo de resarcimiento.
El expediente lo recibió el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Dolores. El viernes 6 de septiembre se conoció la resolución y las autoridades no hicieron lugar a la demanda tras considerar que “no existe una actuación material imputable” a las partes acusadas.
El fallo destaca que el Estado no tuvo responsabilidad en la “pérdida de la libertad y la alteración de la paz” de Ventura, tal como se había señalado en el documento presentado por el abogado del joven. “Se ha entendido que el error judicial puede tener su origen en una actuación ilegítima por parte del funcionario interviniente o en un pronunciamiento que presente marcados sesgos de arbitrariedad”, alegaron en la resolución judicial.
Olmos había denunciado la impericia del Ministerio Público Fiscal al comienzo de la investigación por el caso de Báez Sosa y le recriminó que “sin detenerse siquiera a evaluar la seriedad y procedencia del ‘dato’ hizo suya la versión del personal policial y con estos elementos paupérrimos e infundados ordenó la detención de su cliente”.
Pablo Ventura
“Lo razonable, aconsejable y deseable hubiera sido que exigiera una mínima acreditación de la hipótesis planteada por la investigación e inquiriera del personal policial el origen del ‘dato’ y que plasmara por escrito el origen de la información arrimada para dar sustento lógico a la medida cautelar ordenada”, declaró el abogado de Ventura en 2021.
La demanda continuaba: “La mera insinuación de la supuesta existencia de una denuncia anónima alegada por la policía no es razón suficiente para que nos encontremos dentro de los conceptos de ‘causa probable’ o ‘sospecha razonable’ tal como los delineó la jurisprudencia de la Corte Suprema y así se desencadene lícitamente la ilegítima detención de Pablo Ventura”.
En el texto, el letrado también trajo a colación las penurias que pasó su representado, a quien se llevaron esposado de su casa sin entender qué pasaba. Tras llegar a Villa Gesell “fue alojado en una suerte de comedor en donde había una mesa y un jergón en el que dormía, siempre amarrado al caño. Iba al baño esposado. El padre le llevaba comida dos veces al día”, detalló.
Ventura, de acuerdo a la demanda, “fue ofendido en su honor y en su dignidad por haber sido injustamente acusado de un delito y se vio impedido de realizar actividades sociales en su vida de relación durante mucho tiempo. Su imagen fue reproducida junto a la de los demás detenidos y al momento de ser liberado decenas de reporteros y las cámaras de los principales canales de televisión y de innumerables medios gráficos fueron apostados en la puerta de la comisaría”.