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Por GODOY, EUGENIA LUCIA

Estudiante de El tribunal federal aún no había recibido la presunta declaración de la tía, quien habría afirmado que el menor fue accidentalmente golpeado por María Victoria Caillava y Carlos Pérez. De hecho, nada está concluido. 

La eutanasia, un tema controversial, ético y legal. Es legal en países como Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia, la práctica está legalmente regulada, permitiendo a los pacientes con enfermedades terminales optar por una muerte asistida bajo estrictas condiciones. En otros, como Suiza, se permite el suicidio asistido, mientras que la eutanasia activa sigue siendo ilegal.

El derecho al suicidio asistido en Suiza atrae a numerosos extranjeros, consolidando al país como epicentro del llamado "turismo de la muerte", es el único país del mundo que asume con normalidad la posibilidad de que ciudadanos de otros países puedan ir a morir a su territorio. En este caso la intervención médica sólo es necesaria para prescribir el fármaco letal, y la ayuda a morir queda en manos de ONGs. Hay algunas organizaciones especializadas en la ayuda a extranjeros, como Dignitas, Life Circle, Ex International y PEGASOS. Sin embargo, el proceso es muy complejo y tiene un costo de entre 8.000 y 12.000 euros.

Entre las organizaciones suizas dedicadas a esta práctica, Exit destaca por su compromiso de acompañar a ancianos con diversas dolencias, aunque no sean terminales y ofrece la posibilidad de que el paciente deje por escrito su deseo de suicidio asistido. Llegado el caso en el que pierda sus capacidades. Actualmente se almacenan alrededor de 85.000 testamentos y Exit ayuda con los medios legales para que se cumpla esta directiva anticipada. Esta organización, junto con Eternal Spirit y Dignitas, ha facilitado el acceso a extranjeros, pese a los altos costos y las regulaciones estrictas.

La Academia Suiza de Ciencias Médicas, las Federación Médica Suiza y las asociaciones antes mencionadas han ido estableciendo los requisitos para acceder a la ayuda a morir: actualmente el paciente tiene que padecer una enfermedad o limitación funcional que provoque un sufrimiento que juzga insoportable; excluyen, sin excepciones, a las personas que tienen una enfermedad mental.

La cuota anual de inscripción en Exit ronda los 50 euros. Los costos finales de la asistencia se acercan a los 800 euros. Pero quien recurra a los servicios de Eternal Spirit o Dignitas debe pagar 10.000 y 10.500 euros, más los gastos del viaje. Debido a los altos costos que estas asociaciones piden por sus servicios, se han visto envueltas en denuncias formales ante la justicia sobre la ética de su trabajo, sin que hayan prosperado.

En 2021, el gobierno suizo autorizó la utilización de un dispositivo denominado “Sarco” para casos de suicidio asistido. La máquina fue diseñada por un médico australiano.

La maquinaria, tiene forma de una cápsula, se imprime en 3D, el paciente se ubica dentro y desde ahí puede activar el sistema. La muerte ocurre luego de que “Sarco” reemplace el oxígeno por nitrógeno, sin causar ningún tipo de incomodidad ni reacción extraña a la persona que la utiliza, de acuerdo a la explicación técnica.

Su creador asegura que el deceso se produce en un lapso de entre 5 y 10 minutos luego de que el paciente cae en estado de inconsciencia; previo a ello, la única reacción anormal puede ser un poco de euforia o un mareo leve.

Philip Nitschke, el inventor de la máquina, dice que en la actualidad existen dos prototipos. Uno de los objetivos de esta tecnología tiene que ver con facilitar el proceso a quienes deseen recurrir a la eutanasia, que en la actualidad requiere aprobación de médicos y de una evaluación psicológica. Con “Sarco”, el proceso tendría que ser más sencillo y sin que haya personal de la salud involucrado.

“Nuestro objetivo es desarrollar un sistema de inteligencia artificial que evalúe la capacidad mental del individuo”, explica Nitschke. Una vez completada esa evaluación, la persona que desee el suicidio asistido recibirá un código.

En Argentina, la eutanasia aún no es legal, aunque el debate se ha intensificado en los últimos años. Actualmente, el país permite la "muerte digna" a través de la Ley de Derechos del Paciente (Ley 26.529) y la Ley de Cuidados Paliativos (Ley 27.678), que garantizan el derecho a rechazar tratamientos médicos y recibir cuidados paliativos para aliviar el dolor. Sin embargo, la práctica de la eutanasia activa no está permitida por ley.

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