Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, entre el año 2012 y 2014, se firmaron una serie de acuerdos con el estado Chino, donde se les daba la potestad de establecer una base de investigación aeroespacial en la provincia de Neuquén, la cual comenzó su funcionamiento en 2017. El principal objetivo de esta era la observación de la luna, pero su verdadero fin resulta cuestionable por parte de las autoridades.
La base se encuentra a unos 250km de la capital de la provincia, instalada en un predio de 200 hectáreas. Está equipada con una gran antena, de 35 metros de diámetro, la cual, según lo acordado, es utilizada para investigación sobre el espacio profundo, particularmente a misiones relacionadas con la exploración de la luna. El gobierno accedió al establecimiento de esta base bajo el acuerdo de que las instituciones científicas argentinas tuvieran acceso al 10% del uso de la antena parabólica y la instalación de equipos que trabajaran en proyectos que fueran de interés para Argentina. La inversión requerida para construir este centro fue de más de 50 millones de dólares. La instalación está controlada por la Agencia China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satelites y por la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) por parte de Argentina, sin embargo el uso exacto el cual se da al establecimiento sigue generando duda y controversia.
Frente a las sospechas suscitadas sobre la finalidad bélica de las tareas relizadas por la base China, el presidente Macri, durante su gobierno, propuso una serie de acuerdos para insistir en la exclusividad de actividades de investigación aeroespacial. Aún así, los contratos originales firmados por los mandatarios anteriores, daban absoluta confidencialidad a los labores allí realizados y establecen que el gobierno argentino no podría interferir en estos, contando con algunos pactos secretos dentro del convenio entre los dos países.
El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, llamó a una exhaustiva averiguación sobre las funciones que realiza el establecimiento científico, ya que hay una gran sospecha que su uso no sea completamente pacífico, sino que sea para investigación y posicionamiento bélico, entre otras tareas militares. Incluso, el embajador Estadounidense en Argentina, Marc Stanley, catalogó a esta instauración de "base militar". Cabe destacar que el centro depende de las fuerzas armadas del régimen chino.
El posicionamiento estratégico de la estación aeroespacial sería clave para usos de orden militar. Desde allí podrían utilizar satélites que permitirían acceder a un mejor control sobre el terreno estadounidense en función de espionaje. A su vez, daría a China una posición útil en un escenario de bombardeo nuclear o cualquier tipo de ataque de larga distancia en el continente americano. Las tareas de vigilancia militar a los Estados Unidos serían el principal cometido del centro.
Por decreto de Milei, el ministro Nicolás Posse y su equipo, estarán a cargo de la investigación y control de la base en cuestión, con el fin de determinar si las actividades llevadas a cabo son legítimas y lícitas. Si, por el momento, no se detectan irregularidades, aún no sería necesario llevar a cabo una inspección. Aún así, tanto el embajador estadounidense como Laura Richardson -jefa del comando sur de EEUU- agregaron este tópico a la agenda bilateral que será llevada a cabo debido a las preocupaciones que esta situación conlleva.