La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió imponer una licencia por 90 días a la jueza Julieta Makintach, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, que juzga a los imputados por la muerte de Diego Maradona. La decisión se tomó tras la confirmación de su participación en un documental titulado Justicia Divina, basado en el juicio en curso, lo que generó un escándalo que puso en jaque el proceso judicial.
La magistrada fue recusada del tribunal luego de que se difundieran imágenes del rodaje del documental dentro de la sala judicial, donde se la ve interactuando con la cámara, siguiendo indicaciones de un guionista y en pleno desarrollo del juicio, lo que fue interpretado como una conducta alejada de la sobriedad y afectó la imparcialidad requerida para su función. La participación de Makintach en la producción audiovisual fue denunciada ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales, acumulando tres pedidos de juicio político en su contra.
La jueza Julieta Makintach, posando para la producción del documental. Revista Caras
La medida de suspensión fue adoptada por los ministros Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Daniel Fernando Soria, quienes destacaron la gravedad del caso y la necesidad de preservar la integridad del Poder Judicial bonaerense. Además, la Subsecretaría de Control Disciplinario inició un sumario para investigar las presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
El escándalo derivó en la suspensión inmediata del juicio, que quedó en suspenso a la espera de la definición sobre su continuidad o posible nulidad. El jueves siguiente a la suspensión, el tribunal convocó a las partes para resolver el futuro del proceso, en medio de pedidos de nuevos magistrados por parte de la fiscalía y la querella, mientras que la defensa se mostró dividida respecto a la nulidad del juicio.
El caso de la jueza Julieta Makintach no solo sacudió el juicio por la muerte de Diego Maradona, sino que también puso en el centro del debate la transparencia y la ética en la administración de justicia, dejando abierta la incógnita sobre el destino final del proceso judicial más mediático de los últimos años en Argentina.