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Por MARTINEZ GABBARRINI, CHIARA MÍA

Estudiante de El cantante Justin Bieber y su esposa, la modelo Hailey Bieber, renovaron sus votos y anunciaron que están esperando su primer hijo , en una fotografía publicada desde sus redes donde se ve su vientre y ese emotivo momento.

En 2003, el Senado de la Nación sancionó la anulación de las leyes 23.492 y 23.521 de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales impedían que se juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura militar. En septiembre de ese mismo año, el presidente Néstor Kirchner, a cargo del Poder Ejecutivo, promulgó la ley 25.779 que anulaba estas dos. El 14 de julio de 2005, se declaraba en la Corte Suprema que ambas leyes eran inconstitucionales, permitiendo que sean juzgados militares, represores y civiles cuyos procesos judiciales habían sido interrumpidos. 

¿Qué estableció cada ley? 
Promulgadas por Raul Alfonsin en 1986 y 1987, La Ley de Punto Final (23.492) establecía la interrupción de los procesos judiciales contra los imputados como autores responsables de desaparecimientos forzados de personas durante la dictadura militar. Mientras que La Ley de Obediencia Debida (23.521), establecía una presunción respecto a los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas y se consideraban no punibles ya que habían actuado bajo la obediencia debida, un término militar en el cual los de menor rango se limitan a obedecer las ordenes de sus superiores.

¿Quién presentó el proyecto de ley para su anulación?

Patricia Walsh, hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh, fue quien presentó en 2001 el proyecto de ley, pero no fue hasta el año siguiente donde consiguió el apoyo de diputados y un pedido de sesión especial para debatirlo, pero finalmente no se pudo avanzar. Fue luego de las elecciones de 2003, donde asumió Nestor Kirchner, que el gobierno avanzó con la anulación de las leyes.

Desde su anulación, los crímenes cometidos durante la última dictadura militar son juzgados por la justicia federal y ya se dictaron 326 sentencias por crímenes de lesa humanidad y 1.187 las personas condenadas desde la reapertura de los procesos. 190 personas fueron absueltas, hay 13 juicios en curso y 70 causas esperan su arribo.

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