El 21 de agosto, el Senado de la Nación sancionó la Ley 25.779 en la Argentina, en esta se dictaba la nulidad de las leyes de "Obediencia Debida" y de "Punto Final". Dos semanas después, el 2 de septiembre de 2003, sería promulgada por el Poder Ejecutivo a cargo del ex presidente, Nestor Kirchner.
Patricia Walsh, ex trabajadora de la Oficina de Prensa del INTI, fue la encargada de redactar el proyecto original que le ponía fin a las normas de impunibilidad que se habían dictado durante el gobierno de Raúl Alfonsin. Esto permitió que se retomaran los juicios a los responsables por los delitos de lesa humanidad sucedidos en la última dictadura cívico-militar.
¿Qué significaba cada ley?
La Ley de Obediencia Debida (23.521) fue dictada el 4 de junio de 1987, consideraba que los miembros de las fuerzas armadas, no debían ser condenados por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida", un concepto militar según el cual, los subordinados se limitan a obedecer las órdenes de los superiores.
La Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de 1986. En esta, se establecía la paralización de los procesos judiciales iniciados en 1985, contra los imputados como autores responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura militar.