La medida de fuerza se da en el marco de de las reformas impulsadas por el Ejecutivo que afectan a los empleados estatales, desde el inicio de la actual administración. La protesta también buscará recolectar firmas para anular el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que consideran perjudicial para los derechos de los trabajadores estatales y del sector público.
La jornada de lucha también coincidirá con el tratamiento en el Congreso de diversos proyectos de reformas laborales y sindicales que, según la Asociación de Trabajores del Estado (ATE), “ponen en riesgo los derechos de los trabajadores”. Los voceros de la entidad gremial dejaron trascender que instalaran carpas para acompañar la movilización.
“La Argentina es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar. Camino a la Navidad, la paz social estará gravemente afectada. Será muy difícil llegar a diciembre”, sostuvo el secretario general de ATE. En este sentido, Aguiar advirtió que las reformas económicas que se están implementando generan un contexto de creciente agresividad contra los sectores más vulnerables: “Este Gobierno, por sus formas, es violento. Sin dudas, es el Gobierno más autoritario de la democracia", agregó.
El sindicalista destacó que, además de la manifestación frente al Congreso, la medida de fuerza se replicará en las principales legislaturas provinciales y en los consejos deliberantes de las principales ciudades de todo el país.
La manifestación convocada para el miércoles refleja, según Aguiar, que los trabajadores estatales, estigmatizados por el Ejecutivo, no están dispuestos a aceptar los ajustes y despidos sin oponer resistencia. “No podemos permitir que el Ejecutivo triunfe en su estrategia de represión, infundir miedo y temor”, declaró el líder gremial.
Entre los principales puntos de la convocatoria ATE señala: la creciente criminalización de la protesta social y las detenciones arbitrarias, el rechazo a los proyectos de reformas penales y laborales tratados en el Congreso, el cese de las políticas de ajuste y desguace del Estado, la garantía de la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público, la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos a partir del 10 de diciembre de 2023 y rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.
El dirigente sindical manifestó su preocupación sobre los niveles de desocupación y desintegración social que, según su pronóstico, se agravarán en el segundo semestre del año. Además, advirtió sobre un posible incremento de la conflictividad social en los próximos meses, lo que, a su juicio, pondría en riesgo la paz social hacia fin de año.