Este lunes, el magistrado procesó al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, a quién se lo acusa de administración frauduenta a través del dinero que derivaba el Estado al programa Potenciar Trabajo. Según el Juez federal, esos fondos fueron desviados para fines partidarios incumpliendo el objetivo previsto normativamente, generando por consecuencia un perjuicio al Estado Nacional. Como resultado, se le dictó un embargo por $390 millones.
Casanello le prohibió al líder del PO la salida del pais, exigió la disposición de presentarse todos los meses en el juzgado y la obligación de no concurrir a los comedores sociales, quienes también se encuentran investigados. Por otra parte, el fiscal Gerardo Pollicita imputará a Emilio Pérsico, también referente de movimientos sociales y ex funcionario de Desarrollo Social, a quien se lo acusa de haber sido parte de "una maquinaria de corrupción".
El juez remarcó que tienen suficientes pruebas, como la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma. El fallo que se entregó también incluye el procesamiento de otras 17 personas, entre las que se encuentran: Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrian Coego por administración fraudulenta y Maria Isolda Dotti y Gianna Puppo, bajo la misma acusación y sumada a las amenazas extorsivas.
Dicha causa se inició el 20 de diciembre pasado, luego de que el Ministerio de Seguridad habilitara la línea 134 para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. En este número se recibieron 1932 denuncias por extorsión a lo largo del país y fue el fiscal Pollicita quien recibió la investigación y quien ordenó que se llevaran a cabo 27 allanamientos que comprometieron a integrantes de Barrios de Pie, Polo Obrero y Frente de Organizaciones en Lucha.