La crítica situación de las universidades públicas en el país ha generado en los últimos meses diferentes movilizaciones por parte del alumnado y trabajadores de las mismas. Rectores han salido a hablar en los medios de comunicación para explicitar que, ante la inflación interanual de un 270% y un presupuesto acorde al año 2023, el presupuesto cedido solo alcanzará para que las instituciones sigan teniendo el mismo desempeño hasta el mes de mayo o junio.
Las medidas presupuestales que sigue manteniendo el gobierno podrían dejar a ‘300 mil trabajadores docentes y no docentes en la calle y a 2,5 millones de alumnos en un limbo, sin chances de continuar con sus carreras’, afirman los altos cargos de las instituciones. Sumándose a este reclamo, legisladores buscan discutir en el Congreso un nuevo proyecto de ley con el objetivo de garantizar la supervivencia de la educación terciaria en medio de la crisis económica del país.
Desde la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad de Quilmes o la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, se están organizando clases públicas, banderazos y cacerolazos para difundir su situación, algunas de ellas ya han informado que, ante la falta de fondos, dejaran de pagar servicios básicos como luz, gas y limpieza correspondientes a marzo.
Agrupaciones de estudiantes, docentes y no docentes han hecho circular por las redes sociales de las diversas facultades posteos interactivos en reclamo del déficit, argumentando la falta de respuestas y debates concisos por parte de Nación y la falta de recursos que se están vislumbrando en los bolsillos del alumnado y los trabajadores.
Esta información ha sido pico de opinión en dichas redes, donde gremios docentes han aprovechado esta interacción y dieron aviso sobre el paro de 48 horas que se realizara el 10 y el 11 de abril. El frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) también han convocado una Marcha Federal Universitaria para el jueves 25 de abril.