El miércoles 3 de abril se desenvolvió un escenario de violencia y tirantez entre manifestantes y la policía de la ciudad de Buenos Aires.
En un clima de gran y creciente tensión política y social en el país, la violencia en las calles se hace cada vez más palpable. Por la ola de clausuras y cierres de instituciones estatales, un grupo relacionado a los sindicatos (principalmente a ATE, gremio de trabajadores del Estado) tomó medidas de fuerza, donde los trabajadores desafectados ingresaron al edificio del INADI ilegítimamente. A esto, las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, respondieron con un operativo de represión, sin éxito de prevenir la toma del edificio pero evitando mayores situaciones de violencia y protegiendo otros posibles epicentros de potencial toma ilegítima, todo esto liderado por la ministra Bullrich. Si bien el edificio ya fue abandonado por los manifestantes, se ha llamado a un paro nacional por parte de distintas organizaciones vinculadas a las cesantías, el cual debe ser ratificado por la CGT.
El INADI, por sus siglas Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo, es un organismo gubernamental perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, creado en 1995. Su principal función radica en investigar y actuar en materias vinculadas con cualquier tipo de discriminación. En este amplio espectro de combatir la discriminación se encuentran responsabilidades como recibir denuncias relacionadas al tópico susodicho y trabajar en ellas, organizar campañas concientizadoras, dar apoyo y asesoramiento a víctimas de discriminación, entre otras.
Desde la asunción de Javier Milei a la presidencia, se ha anticipado el cierre de este ente estatal. El actual mandatario ha calificado al INADI de ineficiente, de generar pérdidas económicas al Estado y de haber sido utilizado como una herramienta política e ideologizadora por gobiernos anteriores. Entre los más polémicos dichos sobre el tema, se destaca la declaración del mismo Milei sobre el instituto: "No sirve para nada".
El INADI fue solamente uno de los tantos organismos estatales que decidió cerrar el gobierno de turno, pero sin dudas uno de los más polémicos. En este ente trabajaban más de 400 empleados, y sumados con otras instituciones que fueron disueltas, los despedidos ascienden a cerca de 15.000 personas.