El gobierno de Javier Milei sufrió un revés crucial durante el proceso de aprobación de los artículos de la ley ómnibus, con siete de los 13 puntos sometidos a votación siendo rechazados por falta de apoyo de los bloques opositores. Tras este panorama adverso, La Libertad Avanza decidió que el proyecto volviera a foja cero.
El capítulo sobre las facultades delegadas, uno de los más sensibles, logró avanzar con limitaciones después de que se cayeran los incisos sobre el manejo de fondos fiduciarios y las atribuciones en materia energética y de seguridad debido al rechazo de las bancadas colaboradoras. Más de la mitad de los radicales se opusieron, entre ellos Martin Tetaz y Julio Cobos. Pero los votos más llamativos se produjeron en las filas libertarias, Carolina Píparo y Lorena Macyszyn, no acompañaron las facultades referidas a fondos fiduciarios.
El artículo 5, que apunta a la reforma del Estado, cayó casi en su totalidad. Ante esto, el oficialismo pidió que el proyecto volviera a comisión.
El gobierno, ante este traspié, considera diversas alternativas. Una de ellas es recurrir a la consulta popular, un instrumento que estuvo bajo la lupa durante la campaña electoral. Sin embargo, esta opción exige una participación no menor al 35% del padrón electoral y, además, la iniciativa debe provenir del Congreso. De no lograr el respaldo necesario, el Gobierno deberá volver al punto de partida.
Otra alternativa es convocar a una consulta popular no vinculante, que puede ser realizada tanto por el Congreso como por el Ejecutivo. Si bien este resultado no tiene fuerza jurídica, podría otorgar legitimidad popular al proyecto.
La posibilidad de convocar a una consulta popular plantea debates sobre los límites temáticos y la conveniencia política. Aunque legalmente viable, algunos expertos advierten sobre los riesgos de someter una ley extensa como la ómnibus a este tipo de consulta.
En definitiva, el fracaso en la aprobación de la ley ómnibus representa un desafío para el gobierno de Milei, que deberá reconsiderar estrategias y evaluar cuidadosamente las alternativas disponibles en el marco legislativo argentino.