La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) comenzó a analizar, por primera vez, la causa Vialidad, por la que Cristina Fernandez de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En los próximos días, el máximo tribunal de justicia podría confirmar el veredicto de la Cámara de Casación Penal previo a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.
Luego de que la expresidenta anunció oficialmente su candidatura a legisladora de la provincia por la tercera sección electoral, el peso de la posible decisión de los ministros de la corte, los doctores Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, deviene política. Los largos años de la carrera de administración pública de CFK podrían verse colapsados por un fallo judicial que inicie su ocaso. El animal político que acompañó a Nestor, eclipsó a Perón y produjo una nueva hegemonía partidaria -el kirchnerismo- se enfrenta a un Poder Judicial que ya no le responde.
Concretamente, la Corte debe analizar el Recurso Extraordinario interpuesto por los abogados de Fernandez de Kirchner. A través de él, la defensa alegó arbitrariedades en la decisión judicial tomada por la Casación Penal, y solicitó la revisión de la sentencia por el máximo tribunal. En este momento, los tres ministros debaten sobre el quid de la cuestión: ¿existen elementos suficientes para aceptar la apelación y revisar lo determinado por la cámara?
Todo apunta a que no. Rosatti, Rosenkratz y Lorenzetti están convencidos de la condena de Cristina. Solamente Lorenzetti, según trascendidos, consideró reabrir el expediente para evaluar la posibilidad de condenar a la imputada a 12 años, en vez de a seis. Esta disidencia eventual con sus pares podría haber complicado la celeridad de la decisión de la Corte: para poder tomar una decisión los tres ministros deben estar de acuerdo, conformando la mayoría del órgano judicial sobre la cantidad total de miembros (actualmente, la CSJN cuenta con cinco bancas, dos todavía vacantes tras el rechazo del Senado a la designación de Lijo y Mansilla).
El problema de la mayoría fue superado recientemente. Rosatti y Rosenkratz, firmes en su determinación de rechazar la revisión de la condena, persuadieron a su par para expedirse rápidamente sobre la causa en una reunión interna. Naturalmente, la apertura del juicio podría dilatar la sentencia por un par de años. La justicia no puede, y no quiere, esperar.
El remedio para evitar un largo y tedioso procedimiento judicial se encuentra en el primer párrafo del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. “Cuando la Corte Suprema conociere por recurso extraordinario, la recepción de la causa implicará el llamamiento de autos. La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
Como es lógico, este artículo protege la economía procesal y el trabajo de la Corte. Si todos los recursos que llegan a su conocimiento debieran ser revisados, los tiempos de la justicia serían aún más insuficientes que en la actualidad. El 280 es un escudo que salvaguarda al máximo tribunal, que le permite desentenderse de una sentencia cuando entiende que el caso ha sido debidamente tratado, y que el expediente no involucra cuestión federal suficiente, es decir, que el análisis del caso no implica revisar la validez de una norma nacional, de la Constitución o de algún tratado internacional de los que la Argentina sea parte.
Rosatti, Rosenkratz y Lorenzetti son conscientes de la aplicación de este artículo. La posibilidad de determinar “según su sana discreción” la trascendencia de su análisis en la causa Vialidad les confiere un gran poder, que, hasta ahora, planean usar. La confirmación de la condena por el artículo 280 no tiene solamente consecuencias penales, sino también políticas. Cristina no podría ejercer ningún cargo público, nunca más.
La Corte lo sabe. Sabe la importancia de cada punto y coma dispuesto en aquel papel que determine la aplicación del 280 en el expediente. Sabe que hacerlo ahora, y no después, implica que la ex presidenta no podrá protegerse en los fueros que le confiere la justicia electoral, por ser candidata en los papeles oficiales. Sabe que su determinación rompe con el escenario político, condena a la fuerza a buscar nuevas canciones o a repetir las viejas con nostalgia. Sabe que puede, por una vez, emanciparse del poder político y ‘hacer justicia’, o hacer política.
Fernández de Kirchner se adelantó. También sabe que puede ir presa, y pareciera que tiene más certezas de su condena que cualquier otro. El anuncio de su candidatura, adelantado. El comienzo de su campaña, precoz a los tiempos electorales. ¿Por qué Cristina quiso ‘bajar’ a la tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires? ¿De verdad a la dos veces presidenta, la ex vicepresidenta, la senadora y diputada argentina por Santa Cruz y por Buenos Aires, le importa una elección legislativa de la provincia?
Los argumentos de la importancia de la elección legislativa se atenúan frente al dato fáctico de la derrota del peronismo en las últimas elecciones de la legislatura bonaerense. Pareciera ser que, a la imputada, le interesa otra cosa. Otro discurso, otro tipo de permanencia política. Adelantar su candidatura activa muchos discursos políticos. Le permite escudarse en la figura de perseguida política y no en el rol de condenada penalmente, que detesta.
La idea de ‘proscripción’ es interesante para el kirchnerismo, que lejos de buscar nuevas alternativas, elige aferrarse a su líder carismático. “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”, dicen. No importa que la justicia penal tenga motivos y razones, que la condena sea debidamente fundada, y que exista un expediente con sólidas pruebas de la culpabilidad de la presidenta del Partido Justicialista. Lo que importa es el discurso, resumido en las palabras de Fernandez de Kirchner: “Si estoy tan muerta, ¿Por qué no me quieren dejar competir? Me quieren muerta o presa”.
Los datos fácticos de una sentencia judicial dejan de importar cuando gran parte de la sociedad cree que la justicia no es justa. No se trata del deber ser, se trata del hecho: el 56,8% de los argentinos considera que la justicia no combate adecuadamente la corrupción. Seguramente dentro de ese 56% se encuentren personas que creen que CFK debe ser condenada y otros que consideran que debe ser absuelta.
Aunque pareciera que la condena tiene ventajas para una oposición mermada por la ola violeta, no hay nada que más disguste a Cristina que el hecho de ser condenada. Perder el derecho a jugar políticamente -con justas razones- y enfrentar al presidente Javier Milei en el 2027 le quita el sueño. Fernandez de Kirchner fue, es y será un animal político, que mueve sus fichas dentro de su círculo de poder.
La petición de recusación de Lorenzetti, solicitada por los abogados de Cristina, fue quizá el último manotazo de ahogado de la ex presidenta para dilatar un fallo que la dejará fuera de su campo y lugar de lucha. Fernandez de Kirchner utilizó todos los recursos judiciales disponibles para retrasar, apelar y revisar la sentencia que la inhabilita para ejercer cargos públicos. Ahora, resignada, apelar a la proscripción pareciera ser su premio consuelo.
Aunque paradójico, Milei tampoco parece conforme con la decisión de la Corte. El rechazo de los pliegos de Lijo y Mansilla dejó al oficialismo sin aliados en el máximo tribunal para decisiones tan importantes como ésta. Los líderes de La Libertad Avanza no lo reconocen abiertamente, pero que la sentencia llegue ahora, y no después, no es de su agrado. El león libertario podría perder la posibilidad de devorar a su última presa política.
Los trascendidos de Casa Rosada parecen indicar que, no hay nada mejor para la imagen del gobierno que enfrentar a Cristina en la tercera sección electoral de la provincia -históricamente, el bastión más fuerte del peronismo- y perder por pocos puntos. La condena social, del electorado, es mucho más fuerte que cualquier fallo judicial. En vez de tener que defenderse de la retórica de ‘proscripción’ kirchnerista, la ola violeta podría hablar de ‘muerte política’.
El simple hecho de enfrentar al Daniel Parsini, mejor conocido como “El Gordo Dan”, o a Agustin Romo contra CFK ya es un símbolo con múltiples significantes para el gobierno y para la historia política argentina: lo viejo aferrándose al poder frente a lo nuevo, que busca desterrar a ‘la casta’. David matando a Goliat con la ayuda de ‘las fuerzas del cielo’.
Evidentemente, la confirmación de la inhabilitación perpetua de la ex presidenta no es lo mejor para los Milei, bajo ninguna circunstancia. Ellos también tienen un premio consuelo: rotular de condenada a Cristina y tachar de corrupto al kirchnerismo. Sin embargo, el miedo a que el discurso de prescripción socave la marea liberal es mucho mayor que cualquier retórica de casta, un recurso ampliamente repetido por el oficialismo, que puede empezar a cansar.
Hasta aquí, todos malos sabores de boca. Nadie gana, todos se reconfiguran. Una decisión judicial que no se preveía para este año, que se pensaba dilatada, rompió el armado, la rosca y los juegos de poder político. Ni Milei ni Cristina tienen aliados en la Corte, y se nota. La justicia actúa por su cuenta, demuestra su propio poder en la emancipación. El Poder Judicial vuelve a sus bases de contrapeso, de control institucional, de búsqueda de lo justo. El propósito inicial de los tribunales renace en la Argentina, corrompiendo cualquier ventajismo político.
Tal vez la victoria sea para la Corte. Quizá esté mandando un mensaje doble: A la política, una demostración de poder político independiente; a la ciudadanía, un pedido de confianza como institución republicana, un retorno a los valores de justicia y una aseveración de que el propósito inicial del Poder Judicial no debe ser cuestionado: lo viejo funciona.