¿Víctima o victimario?: el antes y el después de una larga condena por el suicidio de su mujer

30 octubre 2021

José Emanuel González cuenta por primera vez su historia dentro y fuera de la cárcel, el vínculo que tenía con su concubina, sus aprendizajes y experiencias a lo largo del cumplimiento de su condena, el fallo de la justicia, los incumplimientos en las comisarías y el triste final de su historia de más de una década con Laura Fidal.

La noche en la cual sucedió todo

José Emanuel González el 21 de marzo del 2013 estaba atendiendo, como todos los días, en la pizzería que construyó de cero en su propia casa, el único ingreso con el cual mantenía a toda su familia. Se hicieron las 19.30 cuando Laura Fidal, su concubina desde 2001, lo llamó desesperada amenazandoló con que se iba a prender fuego: “mirá, ya me tiré todo alcohol”, decía mientras jugaba con el encendedor, una hora después de la discusión entre ambos donde ella le pidió no abrir la pizzería sin aclarar el por qué.

De todas formas abrió igual, tomando pedidos y cocinándolos para que pasen a retirarlos. Laura entró a la casa, lo que pasó en el transcurso desde las 18.00 (hora de apertura del local) a las 19.30 para tomar esa decisión determinante de rociarse con alcohol etílico sigue sin saberse. Lo llama a la cocina, le cuenta lo que hizo, José sabiendo cómo tratarla por sus intentos de suicidio previos trata de no acecharla, hacerla entrar en razón, y la deja sola unos minutos para hablar con la mamá de Laura desde el teléfono del negocio para que hable con su hija mientras le explica lo que la misma está intentando hacer.

Después de colgar llama a Candela, hija de Laura de otra pareja, para que vaya a la casa a cuidar a los chicos de Laura y José mientras se calmaba la situación. Llega a quedarse con ellos, hasta que en un momento escuchó un “griterío”, fue corriendo hasta la entrada de la casa y se encontró con Laura prendida fuego. La llevó al baño, en el lapsus donde se mezclaba el agua fría con la caliente no sabía qué más hacer, viendo que había complicaciones para que salga la misma agarró un balde para ir a buscar agua en la canilla de afuera de la casa donde sale directo de la calle.

“Cuando vengo ella estaba toda apagada, solamente el hombro izquierdo tenía prendido, y yo estaba entre que me dio una tristeza, una angustia, una bronca, todo junto, y yo le dije “Mirá Laura, llegaste muy lejos esta vez”” (SIC), afirmó Jose.

Minutos después, mientras Laura estaba sentada en la bañera con el agua fría, José llamó nuevamente a la suegra, Noemi Fernández, contándole que planeaba llevarla al hospital del quemado en avenida San Juan. Se juntaron, la llevaron en el auto preocupados de no llegar a tiempo por su diabetes y la falta de azúcar. Al ingresar, una vez que la indujeron, la mamá de su mujer le planteó que volviese a la casa para cuidar a los chicos mientras ella se quedaba esperando, lo cual le pareció razonable. Lo que no sabía era que en el camino de vuelta a la casa su suegra estaba llamando a la policía para distorsionar la historia y contarles que el yerno intentó quemar a su hija.

Una vez que José volvió al hospital a las 23.00 de esa misma noche para ver cómo continuaba su mujer, los médicos no le permitieron verla, diciéndole que estaba prohibido. Sin saber qué otra cosa hacer, habló con uno de seguridad preguntando por qué no podía ver a Laura, él mismo le respondió que no sabía nada. Como última opción decidió llamar al 911 para que se solucione el problema, la policía acudió al hospital; “llamé al 911 y vino, y le expliqué la situación y me dice “vos tenés una denuncia ya”, me aparto y me dice “vos vení, quédate con nosotros porque la otra parte ya te denunció como que vos le prendiste fuego, vos no digas nada, no hables ahora porque todo lo que digas te va a correr en contra”, nunca más la volví a ver [a Laura]”, narró.

Laura murió once días después de su ingreso al hospital debido a las heridas de las quemaduras.

El momento del juicio

A lo largo de los dos años, en un vaivén sobre dónde cumplir la condena o qué pasaría para José después de la denuncia terminante que perduró desde el 2013 al 2015, tuvo dos abogadas defensoras distintas.

Al llegar a la comisaría tercera de San José después de que la policía lo sacara del hospital donde no volvió a reencontrarse con Laura, lo primero que hicieron fue trasladarlo al calabozo en el cual pasó 15 días incomunicado. “El calabozo es un cuartito chiquito, todo con barrotes de hierro, no te podes imaginar la mugre, ni un animal puede estar ahí, encima es… en la tercera, la comisaría tercera de San José que no estaba habilitado para detener porque no tenía baño, las cañerías todas tapadas, es inhumano”, cuenta.

Se estaba preparando la defensoría. La primera abogada con la que trabajó fue Marcela Piñero, la cual logró que no hiciera prisión preventiva pedida por la fiscal que trató el caso y logró sacarle la categoría de homicidio calificado agravado por el vínculo. Una vez pasados los quince días fue trasladado a la comisaría 40, en la cual solo estuvo tres meses cuando Marcela lo dejó en libertad para esperar el juicio dentro de su casa con la condición de hacer una vida normal sin viajar a ningún lado.

“Aprendí ahí que el ser humano está preparado para todo, el ser humano soporta todo, el ser humano se adapta a todo, no es que no cueste, pero vos vas priorizando las cosas. Yo de mi familia nunca tuve problemas ni con mi viejo, ni con mi hermano, ni con ninguno de mi familia. No había discusiones, no habían peleas, nada; de pronto vos te apareces ahí en ese mundo loco de presos, asesinos, violadores, no sé… de todo, y vos decís que loco todo esto, todos juntos ahí, mezclado con esa gente, pero bueno, aprendí de que vos tenes que ser vos donde sea”, insistió González.

Marcela fue trasladada a Capital poco tiempo después de sacarlo de la 40. Se le fue asignado una nueva abogada defensora mucho más joven llamada Miriam Soliz, la cual reclamó el acusado: “no me defendió”.

“La defensa se centró en otros aspectos y a lo mejor dejó como lagunas, le imputaron algo al acusado y la defensa ni habló de eso” (SIC), manifestó Tomás García, estudiante de abogacía en el último año de la carrera, y continúo: “cambiaron la calificación del delito, lo pasaron a abandono de persona en términos del artículo 106 a 108 del Código Penal”.

Cabe aclarar que el art. 106 al 108 por abandono de persona dicta: “En las del art. 106 el núcleo es poner en peligro, colocando en situación de desamparo o abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse. En las del artículo 108 el núcleo está es omitir auxiliar” (SIC). Una vez que su abogada defensora anterior pudo desestimar la calificación de homicidio, la fiscal solicitó el arresto por abandono de persona en el cual se basó todo el juicio con fecha a partir del año 2015.

“Yo no creo que sea tanto un abandono de persona porque para serlo directamente se debería haber ido de la casa, no es que la dejó a su suerte porque le llevó el balde de agua y dentro de todo la dejo en el baño, después la llevó al hospital por más de que estaba en un estado de shock la pudo llevar, cuando se quería ir podría decirse que es por el shock del momento, por no saber qué va a pasar, esto del proceso, el es el que lleva la plata a la casa, tenía que seguir laburando, hay muchas cosas” (sic), explicó Garcia.

En los documentos recuperados que perduraron durante esos dos años se encuentran varias declaraciones tanto a favor como en contra del acusado, uno de esos testimonios es de la médica que atendió a Laura, Mariana Peralta, la cual expuso: “las lesiones que padece la víctima de autos puede ser producto de habérselos ocasionado por sí misma o por un tercero, manifiesta que puede ser de las dos formas, en virtud que las lesiones sufridas, cara anterior y tronco anterior es decir zona de la cara y de los hombros, con escasa repercusión en región posterior, que haya sido arrojado líquido desde arriba hacia abajo (dando esa impresión), presentando escasa lesiones en la zona posterior en menor repercusión” (sic).

La abogada defensora nueva que se le asignó no logró que el acusado esté libre, no logró retirar el cargo por abandono de persona, tampoco es que lo intentó según afirmaron las fuentes consultadas y abogados posteriores que fueron contratados por la familia del ex convicto para reevaluar la sentencia.

“Yo pensé que la justicia era diferente”, opinó José.

La dura verdad

Una vez dicho todo lo anterior, pasamos a la condena por “abandono de persona”, su cumplimiento y las cárceles donde el acusado pasó su tiempo.

“A mi el fiscal Pando me pide trece años, eran tres jueces, Escarlata y ya no me acuerdo de los otros, deben estar en los papeles, uno de ellos no estuvo de acuerdo en los 13 años, entonces quedó en 10, me bajaron 3. La sentencia, o sea cuando van y te dicen la sentencia, yo me fui a escuchar la sentencia sin saber que me iba a quedar”, continúa González, “después eso pasa a casación, esos papeles pasan todo a un lugar que registran todo otra vez: juicio, revuelven todo para ver si hubo algo que está mal, podía subir o podía bajar, en ese aspecto estaba tranquilo porque digo ‘no puede ser’. Bueno, ahí me bajaron 3 años más, quede en 7” (SIC).

Cabe aclarar que la misma condena va en contra del art. 106 del Código Penal: “El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonado a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años.”

Terminado el juicio fue trasladado a la 48 de San Martín, en la cual pasó casi toda su condena, donde también logró terminar el primario y empezó el secundario hasta que fue trasladado tres años después a la 18 de Saavedra, donde pasó tres meses hasta que le dieron el régimen abierto.

“Yo creo que el preso es un ser humano como todos, siempre pensé ahí adentro que si el Estado trabajaba más respecto a la gente que tiene eso, porque también me di cuenta que no estamos exentos de estar presos, nadie. Yo no quise hacer nada para estar preso, pero lo tuve. El que está allá es un ser humano como todos, si es un chorro por algo lo hace, son gente recuperable pero el Estado no hace nada” (SIC), contó el acusado en cuanto a su experiencia en la comisaría 48.

Pasados los tres meses en la comisaría 18 lo trasladaron a la 12 de Gorina en el 2019, donde tuvo régimen abierto, un paso más a la libertad, gracias a la buena conducta y los estudios que realizó, situaciones a su favor que ayudaron a reducir la sentencia de siete a cuatro años. José afirmó: “Vos te sentís... es tan diferente el vivir ahí [la granja de Gorina] es hermoso, mucho verde, muchos árboles, es muy lindo. Había mucha gente, bastante. Y bueno, es lindo, es otra cosa. Te sentís seguro”.

Durante el traslado de la 18 a la 12, junto a otros presos más que iban a ser trasladados a otras partes, sentenció: “no tomé agua, no quería tomar agua, a veces los mismos de seguridad te traen el agua, si hay alguno que es conflictivo le ponen como somníferos, entonces se duermen todos, y yo no quise tomar”.

A su vez entre idas y vueltas, de un lugar a otro, de un camión a otro, afirmó que los policías a cargo de sus pertenencias le robaron todo sin dejarle nada, sabían que tenia cosas buenas y de repente su “mono” (término que se usa allí) desapareció dándole uno que no era de él, “hicieron una requisa y me robaron todo; ellos marcan, o graban el color de la manta, y saben donde hay cosas buenas”.

Su única satisfacción durante esos cuatro años que pasó encerrado fueron trabajar para despejarse, escribir y realizar manualidades (ambos en el mono que fue robado junto a equipos deportivos y zapatillas originales que le mandaban la familia), la espera de toda una familia para que salga y el apoyo de los mismos. Elementos preciados que van más allá de lo material. Y la majestuosa granja que describe, siendo para él “terapéutica”, y el único lugar donde verdaderamente disfrutaba estar después de años que parecieron una eternidad en cárceles en mal estado, donde todo funcionaba en reversa, los policías se aprovechaban, los presos acechaban a los más nuevos y la calidad de vida era mucho más que baja.

La condena de José Emanuel González terminaría en 2022, mientras tanto sigue con tratamiento psicológico para tratar las secuelas que le dejó su tiempo en la cárcel y lucha por el pedido de revinculación con Agustín, hijo de Laura y él, que en la noche del 21 de marzo del 2013 no tenía más de dos años.

Cuando el sistema falla

Según el gráfico estudiado por la pagina del diario DeJusticia, las cifras de Argentina de prisión popular son de 154 según un estudio de International Centre for Prison Studies. La cifra exacta de las personas que van presas injustamente es desconocida, se carecen de investigaciones sistemáticas que analicen las causas de las privaciones injustas de la libertad, no hay estudios de la falla del sistema y es algo completamente ignorado. No se cuentan con programas institucionales que prevengan condenas erróneas y a su vez revisen los casos de esas personas inocentes que están en las cárceles.

Chile es el único adelantado ante esta problemática, creo en la Defensoría Penal Pública un proyecto de inocentes en el que identifica casos de inocentes que están injustamente cumpliendo una condena, y sistematiza información sobre las causas que generaron esto. Actualmente, han identificado alrededor de 40 casos.

Existen cinco grandes causas que generaron esta deficiencia en el sistema de justicia penal, explicó Carolina Villadiego Burbano en su artículo para la organización Dejusticia: “identificación errónea del imputado en un 35% de los casos; declaraciones falsas en un 28%; mala conducta de agencias estatales (particularmente, policías y fiscales), en 23%; error de la prueba pericial o baja calidad de la misma en un 10%; y el porcentaje restante se divide entre confesiones falsas y mala defensa”.

Lo único que queda es esperar a que Argentina, y otros países de Latinoamérica en donde la justicia falla y se hacen ojos ciegos al Código Penal, copien a sus hermanos chilenos para iniciar proyectos de inocencia; para pagar la deuda que se tiene con el presidiario mal calificado y prevenir esta falla en la justicia penal.

Aclaración: los nombres de los involucrados fueron cambiados para proteger sus identidades.