Pandemia y educación: el rol de la tecnología y las brechas de conectividad

A comienzos de este año los alumnos y alumnas residentes de zonas rurales se despertaban temprano para esperar al transporte y viajar juntos a la escuela donde transcurrirían la jornada de ocho horas con talleres, comedor y juegos en el patio. Hoy, a siete meses del inicio de la cuarentena en nuestro país, le cuentan a la seño, a través de una pantalla con baja resolución y problemas de conexión, que extrañan esos momentos y espacios que compartían todos los días.

A partir del nuevo DNU 690/20 del 28 de agosto pasado, y como modificación de la Ley Argentina Digital N° 27.078, se determinó a las TIC como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, con el fin de tener acceso a ellas en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad y calidad.

Se entienden como TIC (Tecnologías en la Información y las Comunicaciones) al conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos derivados de las nuevas herramientas (software y hardware), soportes de la información y canales de comunicación que integran funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información.

Con el paso de los años y los nuevos desarrollos las tics se incorporaron notablemente en la sociedad, y en especial en el ámbito de la educación y las comunicaciones, creando nuevas necesidades respecto al acceso a la información. Tanto es así que en el año 2014, en Argentina, la Ley N° 27.078 declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuyo objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con altos parámetros de calidad.

Dentro del marco de la ley, es importante mencionar al ARTÍCULO 3 -el cual desarrolla que la presente ley es de aplicación en todo el territorio de la Nación Argentina y en los lugares sometidos a su jurisdicción– y al ARTÍCULO 19 -que determina su finalidad: posibilitar el acceso de todos los habitantes de nuestro país, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades, a los Servicios de TIC prestados en condiciones de calidad y a un precio justo y razonable– entre todos los que la conforman.

Las TIC en el ámbito educacional

En la actualidad muchos educadores quieren y necesitan contar con herramientas y recursos informáticos que les permitan ejercer y enseñar, tanto como los alumnos y alumnas necesitan de ellos para aprender. Sin embargo la incorporación de estas herramientas requiere no solo de infraestructura para el acceso a internet y aparatos tecnológicos sino también ser integrado a los procesos de enseñanza para mejorar su calidad. La brecha entre el acceso o no a estas tecnologías delimita a las sociedades más desarrolladas de las que se encuentran todavía en desarrollo.

En las escuelas rurales las TIC significan una herramienta importante –representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social, según las consideraciones del DNU-.

La importancia se debe fundamentalmente a la densidad poblacional escasa y variable tanto de las escuelas como de los pueblos, a la infraestructura básica, a las distancias respecto a los centros urbanos, al déficit de rendimiento estudiantil y la baja cobertura educativa, -en casi todas las áreas de conocimiento las escuelas rurales presentan rendimientos inferiores en las evaluaciones de los alumnos (según los Operativos Nacionales de Evaluación)- y a los bajos recursos.

En el actual contexto sanitario solo se puede garantizar el derecho a la educación estatal gratuita y equitativa mediante el uso de las TIC, las cuales representan hoy a un servicio esencial insuspendible, reglamentado y regulado por la autoridad de aplicación establecida. Esa garantía determina también el grado de accesibilidad de las escuelas rurales y de las posibilidades de que obtengan todas las herramientas necesarias para el aprendizaje.

Claudia Puricelli, maestra de segundo grado y de taller de lengua y ciencias sociales de la Escuela rural N° 66 Bartolito Mitre de Entre Ríos explicó a Isec Post: “En la escuela tratamos de establecer redes y vínculos por intermedio de los medios tecnológicos que tenemos más cercanos. Muy pocos tienen computadora o tablet disponibles para poder hacer su tarea” y agregó: “Es complicado porque muchos tampoco tienen dispositivos tecnológicos mínimos como un celular, o tienen pero sin datos o con poca capacidad de memoria y no pueden siquiera abrir videos”.

Respecto al nuevo DNU expresó: “Tendría que haber sido más amplio el beneficio, porque el pensar que todas las familias poseen los medios tecnológicos como para conectarse es muy utópico, es no conocer las realidades de cada escuela, de cada lugar. Se tendría que haber pensado en eso y en como proveer también a los docentes de todos los elementos necesarios para poder sostener la educación a distancia, eso con la nueva modalidad no cambió. Esto sacó a relucir mucho más las lamentables desigualdades que tenemos en el sistema educativo. Esperemos que sirva visibilizar estas cosas para que se puedan solucionar a mediano plazo”.

Un decreto con controversias

Frente al nuevo DNU aparecieron muchas posturas y reclamos, principalmente de parte de empresas prestadoras de servicios de telefonía, cable e internet, como también de inversores, y de muchos medios de comunicación, a quienes no les tembló el pulso para expresar su descontento.

La Mesa Empresarial de la Industria TIC publicó un comunicado donde hace notar su postura al respecto.

Mas allá de las posturas que se tomaron respecto al nuevo decreto y a la participación del Estado en los servicios de comunicación, es importante destacar la necesidad de cualquier servicio público -sea el transporte, la electricidad, el gas y cualquier otro- de tener un sistema de redes que permita la llegada a cada territorio del país; eso implica, más que la regulación de tarifas, la inversión tanto pública como privada en las infraestructuras correspondientes; ya que es imposible cumplir con el objeto de la Ley Argentina Digital si el servicio no tiene soporte técnico que lo avale.