El disparo a la democracia: a 25 años del asesinato de Cabezas

25 enero 2022

Los disparos que mataron a Cabezas también apuntaron a herir el derecho a la libertad de información y expresión que ejercía con su cámara, molesta para quienes quieren evitar que sus actos y arreglos de impunidad con la justicia lleguen a la consideración de la opinión pública. Tener presente que Cabezas murió por fotografiar el rostro oculto de la Argentina es la mejor forma de no olvidar a este hombre común que se convirtió en ícono de la lucha contra la impunidad y las mafias.

Menos de un año antes, un 26 de febrero, Cabezas había acariciado la gloria profesional y a la vez, sin saberlo, labró su sentencia de muerte. La tarde de ese día fotografió a Yabrán cuando caminaba distendidamente con su esposa María Cristina Pérez a orillas del balneario Marsella. Fue el resultado de una paciente estrategia desplegada junto al periodista Gabriel Michi, que durante diez días incluyó seguimientos, vigilancias, guardias tediosas y maniobras para eludir la celosa vigilancia que mantenía al empresario a salvo de las fotos. Cabezas fingió fotografiar a una pareja de turistas y así obtuvo la famosa foto de tapa, poniéndole rostro al personaje más enigmático y sospechoso del país cuando la revista apareció el 3 de marzo de ese año.

LA ESTRATEGIA E INVESTIGACIÓN QUE LE ARREBATÓ LA VIDA A JOSÉ

En el verano del ‘97, los periodistas Cabezas y Michi llegaron con la consigna de conseguir, esta vez, la entrevista con retrato incluido. Eran conscientes de la peligrosidad que implicaba la hostilidad del empresario Yabrán y su círculo, pero no podían imaginar los extremos a los que llegaría. Después de todo, la temporada anterior habían comprobado que eran capaces de vencer los obstáculos para quedar frente a frente con él.

Entonces fue así que un año después Cabezas y Michi repetían la estrategia, sin saber que esta vez los vigilados y perseguidos eran ellos. El fotógrafo, que ya estaba en la mira de los asesinos, llegó a Pinamar el 15 de diciembre, y cinco días después arribó Michi preocupado porque estaba recibiendo amenazas referidas a su bebé.

El oficial Gustavo Prellezo se reunió el 26 de diciembre -un mes antes del crimen- en Buenos Aires con Yabrán, quien le expresó que “quería pasar un verano tranquilo sin fotógrafos ni periodistas”. Ya estaba en marcha la confabulación criminal de policías bonaerenses con el jefe de la custodia de Yabrán, Gregorio Ríos. Prellezo había reclutado a los cuatro integrantes de la banda de Los Horneros, que ya estaban en Pinamar. La decisión estaba tomada, y sólo esperaban el momento propicio. La oportunidad llegó cuando Cabezas y Michi asistieron la noche del 24 de enero a la fiesta anual del empresario Oscar Andreani. El periodista se fue cerca de las 4, pero Cabezas eligió quedarse un rato más. Gabriel lo despidió y le dejó las llaves del auto Ford Fiesta que compartían en el trabajo diario, sin presentir que era la última vez que lo vería con vida. En la puerta ya asechaban los asesinos.

Es así como José Luis Cabezas, reportero gráfico de la editorial Perfil, fue asesinado en la madrugada del 25 de enero de 1997 en Pinamar, Provincia de Buenos Aires. Su cadáver esposado, con signos de haber sido ferozmente golpeado y con dos disparos en la cabeza, fue encontrado dentro de su vehículo incinerado.

Si bien las instituciones se ocuparon formalmente del caso, la realidad demostró que sólo luego de la movilización de la población civil comenzó a conocerse lo ocurrido. En efecto, la investigación estuvo signada por una inadmisible injerencia del poder ejecutivo provincial en cada uno de los pasos dados; por una sorda lucha de facciones policiales corruptas, que sembraron el expediente de pistas falsas; por una pelea política entre los entonces hombres fuertes de la política argentina, Carlos Menem y Eduardo Duhalde, (quienes se desempeñaban como presidente de la Nación y gobernador de la provincia de Buenos Aires respectivamente); y por último, por las presiones de Alfredo Yabrán, importante empresario telepostal, quien poseía importantísimo respaldo político y económico para esa época. La constancia de la movilización, el amplio arco social que dio su apoyo a las instituciones que buscaban el esclarecimiento del hecho, y la inserción de esta lucha en diversos reclamos populares en defensa de las instituciones democráticas y por la consolidación de la justicia, obligó a un aparato estatal reticente a dar diversas vueltas de tuerca en la investigación.

El repudio a la muerte del fotógrafo atravesó, sin discrepancias, todas las ideologías, creencias y situaciones socioeconómicas, y fue creciendo al son del ruego convertido en consigna: “No se olviden de José Luís Cabezas”, formulado en una carta leída por sus padres, cuando lo enterraron el 28 de enero de 1997 en el cementerio de Avellaneda.

¿QUIÉN ERA YABRÁN?

Yabrán era un apellido reconocido en los gobiernos que se sucedieron en Argentina desde la dictadura en 1976. Ya a principios de los ’90, la revista Noticias menciona en una investigación cómo “el auge de sus negocios tenía la misma antigüedad que el de otros grupos empresarios que durante la época del proceso militar obtuvieron beneficios del Estado, cuando se empezó desde ese momento a ceder a particulares servicios estatales”. Desde ese momento, Yabrán construyó una trama de complicidades con el poder político, económico, eclesiástico y judicial, gracias a la cual logró mantener ocultos sus negocios.

El escándalo estalló a mediados de 1995, cuando el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, denunció a Yabrán de ser el “jefe de una mafia enquistada en el poder” (lavado de dólares, tráfico de drogas, contrabando, monopolio y negociados varios entre particulares y funcionarios del Estado), que controlaba negocios en el Correo, la Aduana y los Aeropuertos y que tenía conexiones con funcionarios, legisladores y jueces, a través de quienes presionaba para obtener beneficios económicos y amenazar a la competencia. Lo cierto es que la figura de Yabrán siempre fue protegida por el poder político, que buscó disipar toda indagación que intentara adentrarse en la red de corrupción de la que formaba parte. Era “el titiritero de un holding con acceso al movimiento de personas, productos y capitales“, de acuerdo a lo relatado por el periodista de investigación Facundo Florio. Incluso luego de que surgieran los indicios que relacionaban a Yabrán con el crimen de Cabezas, el ex presidente Carlos Menem recibió al empresario en una visita oficial a la Casa Rosada. Una clara muestra de apoyo en la que parecía encarnarse una de las frases que el mismo empresario había proferido años atrás: “el poder es tener impunidad”.

Yabrán tenía muchos adversarios. Uno de ellos conocido públicamente: Domingo F. Cavallo. También muchos enemigos ocultos, que se ganó con su despiadada y oscura manera de imponerse en los negocios y le atribuían exageradamente una fortuna de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Por eso tenía un temor culposo por su vida y la de su familia, y de que le pasara como a su amigo, el poderoso sindicalista petrolero Diego Ibáñez, cuyo hijo Guillermo fue secuestrado el 6 de julio de 1990 y enterrado vivo. El joven fue asesinado cuando la negociación por el rescate dejó de ser secreta, después de que la prensa difundió por una filtración policial la foto de la cabina donde los secuestradores habían dejado una prueba de vida.

Desde entonces Yabrán consideró a la prensa como enemiga peligrosa y decidió volverse invisible. Se rodeó de una doble estructura de seguridad apoyada en temibles y crueles ex represores. Una, conformada por 35 hombres y encabezada por el ex sargento Gregorio Ríos, para resguardarlo de la posibilidad de un secuestro de su familia, y al mismo tiempo mantener alejada a la prensa. El otro, un verdadero ejército de cerca de 640 hombres encabezados por el ex oficial del Servicio Penitenciario Federal Víctor Dinamarca, en el que revistaban los ex marinos Adolfo Donda Tigel y Jorge “Tigre” Acosta, le daba seguridad a las empresas de Yabrán desde una empresa llamada “BRIdeEs”, sigla de “Brigada ESMA” (que se sospechaba que era de su propiedad).

MÁS DE UN CULPABLE

“Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza”, había dicho alguna vez Yabrán. Abandonado a su suerte por el poder político, se suicidó el 20 de mayo de 1998, acosado por la justicia, la policía y las pruebas de que era el autor intelectual mediato del crimen de Cabezas. A punto de ser detenido, después de comer una picada de salame y queso se descerrajó un tiro con una potente escopeta 12/70 que le destruyó la cabeza, encerrado en el baño de su estancia San Ignacio, en su provincia natal de Entre Ríos, en la que se ocultaba. Tenía 53 años.

Su muerte fue festejada por Domingo Cavallo, el ex poderoso ministro de Economía que había perdido el cargo después de denunciarlo el 23 de agosto de 1995 en el Congreso como “el jefe de una mafia enquistada en el poder”, en el marco de la disputa por la privatización de los negocios telepostal y aeroportuario. Fue cuando lo acusó de monopolizar contratos con el Estado e inflar costos, protegido por los poderes político y judicial. Carlos Menem, el presidente que quería perpetuarse con la re-reelección, lo había defendido a Yabrán casi hasta el final (fue recibido oficialmente en la Casa Rosada en junio de 1997, en medio de la investigación del asesinato). Eduardo Duhalde, que quería reemplazar al riojano y sospechó que le “tiraron un muerto” para perjudicarlo, fue quien denunció personalmente al empresario ante el juez José Luís Macchi como instigador del crimen de Cabezas. Los dos perdieron la apuesta: la sociedad movilizada contra la corrupción y la impunidad expulsó al peronismo de la Casa Rosada, y en 1999 consagró presidente al radical Fernando de la Rúa, candidato de la alianza de centro-izquierda Frepaso.

El 2 de febrero de 2000, tras un juicio oral y público de 50 días, fueron condenados a reclusión perpetua los policías bonaerenses Gustavo Prellezo (autor de los disparos), Sergio Camaratta y Aníbal Luna ( dieron apoyo sustancial para el crimen), y el jefe de Seguridad de Yabrán, Gregorio Ríos (el instigador inmediato), y a prisión perpetua los cuatro integrantes de la banda delictiva “Los Horneros”, de la ciudad de La Plata, Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana (colaboraron en el secuestro y en el asesinato).

En noviembre de 2003 la Cámara de Casación bonaerense cambió la calificación inicial de “Sustracción de persona agravada por la muerte de la víctima, en concurso ideal con homicidio simple” a “Privación ilegal con violencia en concurso real con homicidio”, y ninguno de los reos llegó a cumplir diez años de cárcel.

Hay que tener en cuenta es que el crimen fue un antes y un después en la historia del periodismo argentino y sin dudas se vio por primera vez una sociedad movilizada en un reclamo por un periodista asesinado. Pocas veces en democracia se logra que haya objetivos comunes entre los periodistas, los medios y la sociedad. La razón social interpretó que en el silenciamiento del crimen no sólo había un mensaje para el periodismo sino también para toda la comunidad.