El aborto vuelve a ser no punible después de 7 años

El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba rechazó el recurso federal que presentó la ONG católica Portal de Belén para impedir que se pudiera aplicar el protocolo para abortos no punibles. El recurso que había presentado la organización, era con el fin de que deje de aplicarse el Protocolo para abortos no punible. Es decir que en ningún centro de salud de Córdoba los médicos y el personal de salud tuvieran acceso a las herramientas que le permitan a una mujer solicitar la interrupción de su embarazo, como producto de una violación. El amparo estuvo vigente desde el 12 de abril del año 2012, sin que los hospitales provinciales llegaran a aplicarlo. A fines de 2018, después de una larga batalla judicial, el TSJ revirtió la medida cautelar solicitada por Portal de Belén, aunque la guía seguía suspendida.

Autora: Jessica Vecchio, estudiante de Diseño Gráfico.

Este martes 24 de septiembre el Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba consideró inadmisible lo presentado por el Portal de Belén: “Reconocerle legitimación a Portal de Belén, que sostiene que el aborto es punible en todos los casos, sería como admitir que la persona gestante podría ser forzada indirectamente a actuar en contra de la posibilidad de valorar o de resignificar el sentido de su propia vida, algo que le reconoce el Código Penal al declarar fuera de la persecución penal, por ejemplo, la decisión de interrumpir la gestación que pudiera adoptar la víctima de un abuso sexual con acceso carnal que fuera la causa de ese embarazo”, declararon.

“Como consecuencia de las resoluciones adoptadas por el TSJ, ha quedado sin efecto la medida cautelar que impedía la ejecución de la guía o protocolo para atender a quienes demandaran la interrupción de la gestación en las excepcionales hipótesis en que tal práctica es admisible sin consecuencias penales”.

No es la primera vez que estas organizaciones interponen recursos para impedir que los cuerpos gestantes puedan acceder a los centros de salud para interrumpir una gestación, dentro de lo que está previsto en el Código Penal, sin embargo es una pequeña victoria contra el conservadurismo.