Biden toma control sobre la ley del aborto en Texas

La administración del presidente Joe Biden pidió el lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee una ley de Texas que impone la prohibición casi total del aborto, calificando como claramente inconstitucional y diseñada específicamente para evadir el escrutinio judicial.

 El 1º de septiembre, los jueces en una votación 5-4 , dejaron que la ley SB 8 entrara en vigencia, presentado por los proveedores de servicios de aborto en el estado de Texas. Un juez de distrito dictó el 6 de octubre una orden preliminar para cancelarla por el hecho de ser “claramente inconstitucional” y permitir que siga en vigor "perpetuaría el actual daño irreparable a miles de mujeres de Texas a las que se les niegan sus derechos constitucionales". Sin embargo, la orden fue anulada dos días después por una corte federal de apelaciones.

 Esta es una de las medidas de Texas sobre aborto restrictivas aprobadas a nivel estatal en los últimos años que prohíbe el procedimiento después de aproximadamente seis semanas de embarazo, un punto en el que muchas mujeres aún no se dan cuenta de que están embarazadas.

 La medida de Texas hace una excepción en el caso de emergencia médica documentada, pero no para casos de violación o incesto. También otorga a los ciudadanos el poder de hacer cumplir la ley, permitiéndoles denunciar a cualquiera que practique o ayude en un aborto después de que se detecte actividad cardíaca en el feto; la recompensa es de hasta 10.000 dólares para cada demandante si gana el juicio. Esa característica ha ayudado a proteger la ley para que no se bloquee de inmediato al hacer más difícil demandar directamente al Estado.

 La administración de Biden también tomó el paso inusual de decirle a los jueces que podían otorgarle a la ley de Texas una revisión completa y decidir su destino en este período, ya que es un caso de suma importancia sobre el futuro de los derechos al aborto en los EE. UU.

 Esta ley no respetaría la sentencia de la Corte en el caso Rose vs Wade, que consagró en 1973 el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo; ningún tribunal ha tomado una decisión sobre la constitucionalidad texana y la Corte Suprema rara vez concede tales solicitudes.